El Tribunal Oral Federal de Corrientes fijó penas de entre 2 y 9 años y 6 meses de prisión para ocho condenados en la causa por corrupción judicial y asociación ilícita destinada a beneficiar a narcotraficantes desde el Juzgado Federal N.º 1, que estaba a cargo del exjuez Carlos Soto Dávila.

La decisión se tomó luego de que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal agravara, en diciembre de 2024, la responsabilidad penal de varios acusados al condenarlos también por asociación ilícita, un delito por el que habían sido absueltos durante el juicio oral de 2023.

Según la sentencia, funcionarios judiciales y abogados coordinaban la obtención de dinero de personas investigadas por narcotráfico a cambio de resoluciones judiciales favorables. La organización tenía una distribución de funciones entre sus integrantes y comprometía el normal funcionamiento de la administración de justicia.

Las penas fijadas

El tribunal impuso las siguientes condenas:

• Pablo Carlos Molina, secretario judicial: 9 años y 6 meses de prisión e inhabilitación especial perpetua.

• Federico Alberto Grau, secretario judicial: 6 años y 6 meses de prisión e inhabilitación especial perpetua.

• Duylio Horacio Barboza Galeano, abogado: 4 años y 6 meses de prisión.

• Gregorio Humberto Giménez, abogado: 3 años y 6 meses de prisión.

• Tomás Alfredo Viglione, abogado: 3 años y 6 meses de prisión.

• Jorge Ricardo Vallejos, abogado: 3 años y 6 meses de prisión.

• Omar Antonio Serial, abogado: 2 años y 6 meses de prisión en suspenso.

• Juan Manuel Faraone, exintendente de Empedrado: 2 años de prisión en suspenso.

Las condenas responden a distintos grados de participación en los delitos de asociación ilícita y cohecho, según cada caso.

La situación de Soto Dávila sigue pendiente

El tribunal suspendió la resolución sobre la situación procesal del exjuez federal Carlos Soto Dávila a raíz de un planteo de incapacidad sobreviniente presentado por su defensa.

Durante el proceso, el Ministerio Público Fiscal había solicitado que el exmagistrado fuera convocado a la audiencia para determinar la pena correspondiente. La fiscalía sostuvo que el planteo de la defensa no justificaba suspender o diferir las actuaciones hasta que se resolviera definitivamente esa cuestión. El tribunal fijó para el 10 de noviembre la lectura de los fundamentos de las condenas.